La Formación del Estado Republicano en Ecuador
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Ecuador 1830. La Formación del Estado Republicano
La integración propuesta por Bolívar, y su posterior fracaso, desembocó en el Ecuador en la creación de la República, en 1830. Se inició a partir de entonces un largo período caracterizado por la fragmentación regional, las luchas políticas y las guerras entre bandos opuestos, la constitución y la formación de poderes regionales y locales dispersos y los intentos de las elites nacionales unificadoras de formar un Estado con carácter nacional. El nuevo Estado tuvo como principales rasgos la debilidad y la falta de capacidad para lograr la integración de las regiones así como para convertirse en un Estado nacional.
La regionalización del espacio ecuatoriano se manifestó en diversos niveles. En la economía, además de la producción particular en cada una de las regiones, se registraron vínculos comerciales débiles entre ellas y más fuertes en el interior de cada una; mientras la Sierra miraba hacia su propio espacio, Guayaquil se fue integrando al mercado mundial. En lo político, se formaron poderes locales fuertes, con autonomía y en conflicto con las autoridades estatales, concentrados en diversas instancias: la hacienda, el municipio, la parroquia. En cada una de las regiones se generaron, además, una memoria colectiva, identidades propias, relaciones de parentesco y formas culturales que devinieron en elementos de cohesión a nivel regional frente a un Estado central débil para imponer su propia racionalidad al conjunto de regiones.
La administración de recursos, la realización de obras públicas y la regulación del trabajo y de la utilización de la mano de obra, fundamentalmente indígena, eran asuntos que incumbían a los poderes locales; se contaba con rentas y recursos propios administrados localmente. Por otra parte, la falta de unificación monetaria dio lugar a que cada una de las regiones controlara su propio numerario y las monedas extranjeras, que tenían circulación restringida. A pesar de las duras medidas que se decretaron para controlar la acuñación local de moneda (entre ellas, la aprobación de la pena de muerte para los falsificadores, en 1849), ésta prosiguió. El gobierno central se vio afectado por este hecho, pues las remesas de dinero proveniente del pago de las contribuciones indígenas no pudieron realizarse con normalidad a causa de la falta de moneda unificada.
Entre federalismo y unitarismo
La regionalización y los intereses diversos dieron lugar a continuos enfrentamientos, muchas veces de carácter armado, entre los sectores que propiciaban la integración y el federalismo, y que acabaron con las poco duraderas alianzas entre los terratenientes. Por otra parte, los conflictos también se manifestaron con las elites de la Costa en razón del poder económico que alcanzaron los «señores del cacao» y la competencia por la mano de obra serrana que, atraída por las mejores condiciones económicas de esta región, emigró desde la Sierra. Por esta razón se emitieron una serie de disposiciones para controlar el libre tránsito de campesinos e indígenas hacia otras provincias, fundamentalmente hacia la Costa.
Otro punto de conflicto fue la «libertad de comercio». Los hacendados serranos trataban de defender el mercado para sus productos agrícolas y textiles con la aplicación de impuestos a las importaciones. Los sectores ligados a la exportación y al comercio de productos importados, por el contrario, planteaban la reducción de las imposiciones. Este debate, al igual que el que giró en torno a la integración y al federalismo, se prolongaría a lo largo de toda la centuria.
Los enfrentamientos se suscitaron entre la Sierra y la Costa, pero también entre regiones de la propia Sierra: centro-norte y sur. En 1859, por ejemplo, el conflicto llegó a tales extremos que dio lugar a la separación en espacios autónomos de Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil, apoyados en planteamientos federalistas. Las elites políticas en el poder trataron de imprimir un carácter específico al Estado a través de diferentes constituciones (se promulgaron once hasta 1897). En todas las cartas constitucionales se plasmó el ideal de la «república», cuyo pueblo gozaría de soberanía, libertad, derechos individuales e igualdad ante la ley. Cada una de estas constituciones, sin embargo, adquirió forma de acuerdo con el ideal político y económico -de integración o de separación en espacios autónomos- de las elites en el poder.
Entre 1830 y 1845 se planteó la unificación del espacio republicano y se nombraron gobernadores provinciales sujetos al gobierno central, el cual ejercía un control vertical, directo y rígido sobre el territorio, que restaba autonomía y poder a las municipalidades. Entre 1845 y 1861, las constituciones de corte liberal propiciaron la creación de un Estado central unitario pero que concedía cierta autonomía a las regiones, ya que los gobernadores provinciales debían ser escogidos de una terna propuesta localmente.
En sus gobiernos autoritarios, entre 1861 y 1875, el presidente Gabriel García Moreno propuso un proyecto de unificación y reorganización del país en base a un fuerte control gubernamental de las autoridades locales y de las provincias, a través de la represión, del ejercicio de la autoridad y de una moral rígida, mediante el fortalecimiento de la Iglesia católica como base para la puesta en marcha de un programa centralizador a través de la religión. A este fin obedeció la firma de un concordato con la Santa Sede (aprobado el 1 de mayo de 1862, reformado el 26 de septiembre del mismo año y declarado Ley de la República el 20 de abril de 1866), por medio del cual la Iglesia alcanzaba un poder absoluto en el ámbito de lo religioso e ideológico. Entre 1878 y 1883 predominó el proyecto de creación de un Estado federal, y en este último año se estableció un acuerdo entre el federalismo y el unitarismo.
Las reformas legislativas
El poder republicano diseñó un eficiente cuerpo legal que hacía referencia a tres grandes aspectos: a) la sujeción de la mano de obra indígena (leyes tendientes a controlar el libre tránsito entre una provincia y otra, a eliminar la vagancia y la ebriedad a través del pago de contribuciones en dinero y en trabajo, a establecer la sujeción indefinida en las haciendas a través del «concertaje» y la prisión por deudas); b) las regulaciones sobre la propiedad de la tierra y la venta de tierras baldías (que estimulaban a los campesinos y las comunidades a someterse a la hacienda, y favorecían la consolidación del latifundio a través del monopolio de la tierra); c) leyes que orientaban a transformar a las autoridades étnicas en funcionarios republicanos.
Aunque jurídicamente las leyes definían a los habitantes como ciudadanos iguales ante la ley y con los mismos derechos y obligaciones, el Estado republicano sancionaba la organización de una sociedad dividida en estamentos de raza, lo que constituía una continuación, en la práctica, de la organización colonial; el indígena ocupaba el último lugar, la «clase miserable» o «abyecta». Este sistema respondía a un fin económico: la conservación de la economía y de la sociedad a través del trabajo y la contribución de los indígenas.
Ya desde sus inicios, el Estado republicano se vio implicado en la disyuntiva entre la modernidad y la conservación de lo indígena. El debate político sobre la constitución de una nación y la integración de los indígenas cobró forma a través del reconocimiento del problema y de las continuas propuestas de transformación no sólo política -en tanto ciudadanos- de la situación de los indígenas sino también en su conversión en mestizos, sector que, de alguna manera, podía recuperar aspectos considerados positivos de la sociedad blanca. El mestizaje fue tomando forma en las ciudades pero también en el área rural, en los pueblos, donde muchas de las autoridades locales provenían de este sector. La comunidad indígena (a través de la venta de tierras comunales), el sistema de autoridades étnicas, la concepción de la contribución (de tributo a contribución) y la identidad étnica (de indio a indígena) eran factores sujetos a cambios introducidos por la modernidad pero que no pretendían el cambio en la situación de este sector.
Otro de los aspectos fundamentales del Estado republicano fue el sistema de representación política, cuyo eje era el sufragio «censatario» e indirecto, que restringía los derechos de ciudadanía en favor de los propietarios. Gozaban del derecho al voto quienes tenían propiedad raíz valorada en un cierto monto y quienes ejercían una profesión o industria sin estar sometidos a otra persona; quedaban excluidos, de esta manera, los jornaleros, los sirvientes y los conciertos. Por lo tanto, los indígenas estaban excluidos de todo derecho ciudadano y sometidos a toda clase de obligaciones. El sistema indirecto de elección de los gobernantes propiciaba la presencia constante de redes clientelares formadas alrededor de caudillos, «caciques» locales y personajes importantes de familias tradicionales.
Entre los ejes fundamentales de la República se debe mencionar la Iglesia católica y su ejercicio del poder, en tanto que propietaria de bienes raíces e instrumento de transmisión de la ideología, la cultura y la educación.
Fuente: Enciclopedia del Ecuador
La crisis de 1859
Aprovechando que el ejército estaba dedicado a la defensa externa, la reacción quiteña preparó un golpe de Estado. El 1 de mayo de 1859, una «Asamblea Popular» desconoció al gobierno de Robles y nombró un triunvirato integrado por García Moreno, el vicepresidente Jerónimo Carrión y Pedro José de Arteta. En poco tiempo las fuerzas del triunvirato fueron vencidas y se ocupó Quito. García Moreno escapó al Perú, en donde buscó el apoyo del mariscal Castilla para derrocar al gobierno ecuatoriano […] Al poco tiempo la conspiración volvió a triunfar en Quito y el triunvirato […] revivió. En Guayaquil, uno de los jefes militares de la plaza, el general Guillermo Franco, desconoció el gobierno de Robles y se proclamó Jefe Supremo con el respaldo de Castilla y las armas peruanas. Llegó un momento en el que coexistieron al menos cuatro diferentes gobiernos en el país: el de Quito, cuyo hombre fuerte era García Moreno; el de Franco en Guayaquil; el del vicepresidente Jerónimo Carrión, proclamado en Cuenca, y el del «Distrito Federal Lojano», al sur, dirigido por Manuel Carrión Pinzano. Al mismo tiempo, a nivel internacional, se negociaba entre el gobierno peruano y caudillos colombianos la desaparición del Ecuador, que sería repartido entre sus vecinos.
Fuente: Enrique Ayala Mora, «La fundación de la república: panorama histórico, 1830-1859», Nueva Historia del Ecuador.